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La Corte Suprema pospone el juicio a Cristina por la obra pública

La Corte Suprema frenó el juicio por la obra pública que se iba a iniciar el 21 de mayo contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido y otros imputados. Lo hizo por cuatro votos a uno, ya que el único que votó en contra fue el titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkranz.

La Corte le pidió al Tribunal Oral número 2 que le envíe todo el expediente para analizar “una privación de justicia” planteada por el abogado de la ex presidenta, Carlos Alberto Beraldi, quien había solicitado la realización de pruebas elementales como una pericia sobre las obras cuestionadas.

En total son 51, pero el TOF 2 sólo admitió que se haga sobre cinco obras . Se estima que su evaluación recién estará lista en agosto. Al tener que mandarle la causa a la Corte, el tribunal no podrá iniciar el juicio.

La base de la causa de la obra pública tuvo irregularidades al inicio del expediente. Un día después de que Javier Iguacel fue designado al frente de Vialidad -el 15 de enero de 2016- ordenó una auditoría sólo sobre las obras viales de Santa Cruz.

Al finalizar la auditoría, a cargo de dos ingenieros y un contador, se concluyó que no hubo obras pagadas y no realizadas, las que se hicieron estaban bien hechas y que no hubo sobreprecios. Pese a este resultado favorable a la ex presidenta y Lázaro Báez, Iguacel hizo la denuncia.

Los fiscales y el juez Julián Ercolini realizaron estudios en los que no participaron las partes y estimaron sobreprecios para formular la acusación. Esto fue lo que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) armó con la falsa declaración de Leonardo Fariña, quien fue entrenado para hacer esas declaraciones.

En la etapa previa al juicio, los abogados de los imputados pidieron la realización de las pruebas más elementales, entre ellas un peritaje de las obras cuestionadas. Del total de los 81 tramos de rutas que se hicieron en Santa Cruz, el juicio iba a versar sobre 51, que son las que ganó en las licitaciones Lázaro Báez con distintas empresas. Pero de esas 51, el TOF sólo admitió peritar cinco, elegidas con la óptica de que resultaban las más sospechosas. Fue el primer estudio con la participación de todas las partes.

En ese proceso, Beraldi siempre insistió en que no se podía arrancar el juicio sin que estuviera listo el peritaje. Así, Beraldi llegó a la Corte Suprema y el máximo tribunal le dio la razón.

“Lo que se estaba por hacer era de gravedad institucional. Se quería iniciar un juicio, con toda la repercusión del mundo, contra una ex presidenta, respecto de obras en las que ella no tuvo la menor participación. Pero lo central es que no nos admitieron la realización de pruebas elementales. No pedimos algo extraordinario, no pedimos ningún privilegio. Los fiscales Pollicita y Mahiques, éste último puesto por el gobierno, hicieron una instrucción totalmente amañada y hubo una clarísima obstrucción de justicia porque nos impidieron esas pruebas tan sencillas y habituales”, afirmó el abogado.